¿Qué es el Gobierno abierto?

El Gobierno Abierto se concibe como un proceso de adaptación de las instituciones ante los cambios de una sociedad cada vez más abierta, formada e informada, que demanda un mayor protagonismo democrático. Se orienta a las nuevas necesidades sociales con una orientación claramente digital por defecto, basadas en un contrato social y la necesidad de participar en la toma de decisiones de la administración.

Gobierno Abierto son aquellas herramientas, reformas y leyes que inauguran una nueva forma de relación entre las instituciones y la ciudadanía, más directa, próxima, empática y simétrica; otorgando a la ciudadanía mayor protagonismo en la construcción de la democracia.

Con un doble objetivo:

  • Diseñar políticas públicas más representativas y legítimas, con la participación de más actores, con una mayor pluralidad de voces, especialmente de aquellas comunidades implicadas o afectadas directamente por dichas políticas.
  • Pero también, para hacer mejores políticas, en tanto se captura más información con la producir más valor público y social.

En España cada Administración pública tiene competencia exclusiva en materia de Gobierno Abierto, excepto en lo relativo a transparencia, para la que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece obligaciones mínimas comunes para todas las Administraciones públicas. En Canarias está regulado por la Ley 12/2014 de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias.

Componentes de Gobierno abierto

Para cumplir los propósitos, el Gobierno Abierto se compone básicamente de:

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Mandato de las instituciones de presentar una información veraz, clara, accesible, actualizada y usable, que permita a cualquier ciudadano o ciudadana saber de forma efectiva lo que sucede en el seno de cada institución u organización afectada por los principios de transparencia. Se trata de ofrecer información verdadera, completa y útil sobre la actividad de una determinada organización pública. La finalidad principal es garantizar la legitimidad de las instituciones, y, por supuesto, aumentar la confianza de la ciudadanía en ella.

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La participación ciudadana son aquellos procesos y mecanismos desarrollados para implicar a la ciudadanía en el diseño de políticas públicas, mediante los cuales puedan ejercer su capacidad de influencia y decisión en el resultado final de tales políticas. La participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política. Es un deber y un derecho el que la ciudadanía deba y pueda participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas (Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación).

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Mandato de las instituciones de presentar una información veraz, clara, accesible, actualizada y usable, que permita a cualquier ciudadano o ciudadana saber de forma efectiva lo que sucede en el seno de cada institución u organización afectada por los principios de transparencia. Se trata de ofrecer información verdadera, completa y útil sobre la actividad de una determinada organización pública. La finalidad principal es garantizar la legitimidad de las instituciones, y, por supuesto, aumentar la confianza de la ciudadanía en ella.

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Mandato de las instituciones de presentar una información veraz, clara, accesible, actualizada y usable, que permita a cualquier ciudadano o ciudadana saber de forma efectiva lo que sucede en el seno de cada institución u organización afectada por los principios de transparencia. Se trata de ofrecer información verdadera, completa y útil sobre la actividad de una determinada organización pública. La finalidad principal es garantizar la legitimidad de las instituciones, y, por supuesto, aumentar la confianza de la ciudadanía en ella.

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Laboratorio de Innovación pública - InnoLAB

Fundado por el Servicio de Innovación, Proyectos y Sociedad de la Información del Cabildo de La Palma, el Laboratorio de Innovación es un servicio público destinado a la ciudadanía y a las entidades públicas para fomentar la Co-Creación en el desarrollo tecnológico y empresarial. “La Administración Pública debe asumir un papel de liderazgo respecto a la innovación, a través de la mejora de los servicios públicos, la orientación a la ciudadanía y a las empresas y la eficiencia operativa. En este sentido, la innovación pública debe entenderse como la aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública con el objetivo de generar valor social” (INAP)

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